En enero del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la Cruzada Nacional contra el Hambre, un programa que buscaba brindar seguridad alimentaria a la población más desfavorecida del país.
La medida generó polémica al ser invitados Nestlé y Pepsico como parte de la cruzada, pues el 50 por ciento de los mexicanos consumen alimentos procesados, lo que genera sobrepeso y obesidad, costando mucho dinero al erario en materia de salud pública.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), recomienda a los países, ser productores de, por lo menos, el 75 por ciento de sus propios alimentos. México podría llegar arriba del 90 por ciento, pero no ocurre así
A pesar de contar con aproximadamente diez kilómetros de litoral marítimo, y el cinco por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), está dedicada a la producción de alimentos, el 16 por ciento del país se encuentra en riesgo alimentario permanente, de acuerdo con el Coneval.
La mala estructura de la Cruzada Nacional Contra el Hambre orilló a que fracasara. Entre las principales causas de su derrota, estaba la falta de cohesión entre las dependencias federales y municipales.
Dos años después de iniciado el programa, los comités instalados en las comunidades encargadas de priorizar las necesidades del lugar, habían perdido contacto con los promotores del programa, haciendo que los gobiernos estatales dejaran de tomarlos en cuenta, al momento de legislar sus políticas de desarrollo social.
Esto ha traído como consecuencia una distribución inequitativa en los alimentos; la cobertura es de 40 por ciento en algunos estados y de 250 en otros; no existe una metodología que garantice resultados exitosos en el programa.
Por si fuera poco, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, le redujo 3.7 por ciento de dinero a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) haciendo que, paulatinamente, la Cruzada Nacional contra el Hambre quede enterrada y aparezca poco o nada en la agenda pública actual.