De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año mueren en el mundo aproximadamente 47 mil mujeres por abortos mal realizados; y datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que, al año, se llevan más de 20 millones de abortos clandestinos.

Estas cifras hacen de la interrupción del embarazo un problema de salud pública, no un asunto de cuestiones religioso-morales. Sin embargo, hasta el momento, sólo la Ciudad de México es la única entidad de la República donde la interrupción del embarazo es permitida, cuando la mujer así lo desea.

Existen otros estados donde el aborto es permitido, pero sólo bajo determinadas condiciones, tales como: violación, anomalías congénitas graves e incluso (como en el caso de Yucatán) pobreza, siempre y cuando la mujer haya dado a luz a más de dos niños.

El Instituto Nacional de las Mujeres de la Ciudad de México, señala que, hasta el 2007, seis de cada diez mujeres morían en la ciudad por un aborto mal practicado; sin embargo, a diez años de permitir la interrupción legal del embarazo, la tasa de mortalidad se ha reducido a cero.

A pesar de esta asombrosa cifra, aún existen grupos como “Pasos por la Vida” que se muestran en contra de esta práctica. Manejan un discurso que no les ayuda mucho: aseguran no estar en contra de las mujeres que abortan, sino en contra de un sistema que les hace creer que esa es la única opción.

Su principal punto débil es que, mientras la reforma al Código Penal y los añadidos a la Ley de Salud de la Ciudad de México, no obligan a una mujer a abortar, Pasos por la Vida, sí busca obligar a las mujeres a no abortar.

En una posición más cuestionable, están organizaciones como Vifac, cuya presidente, Marilú Vilchis, pide constantemente a las mujeres que se acerquen a Dios y digan sí a la familia, generando un axioma completamente desligado del mundo real.

Rebecca Gomperts, activista fundadora de Women on Waves (un grupo que realiza abortos a mujeres, en aguas internacionales, donde las leyes no tienen efecto) opina que el tema de la interrupción del embarazo debe girar alrededor de la libertad de decidir, no de su corrección política o moral.

Esto implica que la mujer tiene la última decisión de dar o no a luz, sin importar las circunstancias de su embarazo. Si es producto de una violación o si el feto desarrolla malformidades que pueden poner en riesgo su vida, y la mujer desea dar a luz, es su derecho; como también lo es interrumpirlo.

@LosIrritantes