Mientras los contribuyentes, ciudadanos comunes que trabajan cada día para vivir y hacen un esfuerzo por pagar sus impuestos aún a pesar de las complicadas disposiciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay otros que aprovechándose de su posición se saltan todas las disposiciones fiscales y hacen negocio a costa del erario público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó operaciones fiscales con el contribuyente nombrado DESPACHO HEGA, S. de R.L.M.I., durante mayo del 2015. El problema surgió cuando el mismo SAT reveló que ese contribuyente está en la lista negra de empresas que emiten facturas falsas de acuerdo al controvertido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente desde 2014.
Viendo lo anterior, evidentemente la SCJN incurre en un delito que se sanciona con hasta seis años de cárcel por disposición del legislador federal.
El articulo 113 fracción III del Código Fiscal de la Federación dice que: “Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que: … Expida, adquiera, enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.”
Y más de fondo lo que es evidente es la profunda falta de estado de Derecho y de respeto por la nación, pues las mismas autoridades que deberían poner orden son las que rompen las reglas para sacar ventaja.
Nadie entierra al enterrador y nadie castiga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ella es el máximo órgano de justicia del país, eso aunque contravenga sus propias leyes.
¿Por qué será que en México la ley sólo opera para algunos sectores?
En tanto que 2018 se está caracterizando por la dureza de las sanciones en contra de los contribuyentes mexicanos, ¿será cierto que la SCJN se da el lujo de romper toda regla y hacer, literalmente, lo que le da la gana de la mano del ministro presidente Luis María Aguilar Morales?
¿Cómo podría el SAT proceder en contra de Aguilar Morales, tomando en cuenta las sanciones que ya se ejercen sobre los contribuyentes que hacen trampa con las facturas?
Es irritante que pequeños empresarios y trabajadores independientes tengan que aportar de sus ganancias para evitar sanciones, mientras una instancia que se precia de hacer justicia se aprovecha de sus propias facultades para burlar la ley y no cumplir con sus obligaciones fiscales.