Todos los días en redes sociales, sitios web y periódicos vemos noticias que abordan las desapariciones forzadas. México cayó desde hace años en una actitud apática al normalizar tanta violencia, pero afortunadamente los mexicanos reaccionaron por el caso reciente de Giovanni López, joven que fue asesinado a manos de la policía municipal de Ixtahuacan de los Membrillos, Jalisco.
A días de la muerte de Giovanni López, la sociedad de inmediato pidió justicia a las autoridades o un panorama de las desapariciones forzadas.
El secretario de Derechos Humanos, “Encinas Rodríguez, mencionó que «en el país hay alrededor de 60 mil personas desaparecidas, una práctica recurrente y sistemática en nuestro país… El 50% de las fosas clandestinas encontradas del 1 de diciembre del año 2018 al 31 de mayo de 2019, se dan en Veracruz, Sonora, Colima, Guerrero y Sinaloa, y que el 50% de los cuerpos exhumados se registraron en Sinaloa, Jalisco y Michoacán”.
Y aunque la sociedad pide que se depuren de autoridades corruptas en las fiscalías de los estados de Veracruz, Sonora, Jalisco, Sinaloa y Michoacán, el gobierno poco hace y sigue en su postura de no encontrar culpables.
A nuestro gobierno poco le importan las recomendaciones de la ONU, porque en nuestro gobierno abundan la impunidad, la corrupción y los cárteles criminales, además de carecer de recursos y protocolos eficientes para la búsqueda inmediata de desaparecidos o víctimas de delitos, argumentando el poco presupuesto destinado a las fiscalías especializadas.
El panorama es negro y turbio, la ciudadanía pide que dejen de ocultar información o proteger a autoridades o carteles, y recalca estar cansada de no poder expresar su libertad por miedo al narco. Ellos sólo exigen los derechos constitucionales que por derecho les corresponden.
Los Irritantes 