
En el mes de febrero de 2021 se pretende que la Cámara de Diputados apruebe la Ley Federal para la Regulación del Consumo de Cannabis, con pros y contras que el gobierno de la 4T pretende regular.
La exposición de motivos de dicha ley “busca la recaudación fiscal para generar nuevos ingresos a favor del Estado, la regulación justa del mercado, y de los precios del cannabis y sus derivados, un control sanitario en la venta y distribución y algo que para muchos aún resulta utópico que sería prevenir de los riesgos vinculados al mercado negro, evitando la distribución y el consumo de sustancias ilegales que pueden resultar más dañinas o la inseguridad provocada por el delito de narcomenudeo con sus consecuencias sociales, opinaron ambos abogados”.
Sin embargo, la propuesta de ley no ha explicado a qué organismos se les delegarán las regulaciones de ingresos, comercialización, venta, distribución y control sanitario, ni tampoco se han presentado estimaciones de la baja de delincuencia que tendrá la regulación del cannabis.

Por otro lado, se menciona que el gobierno tendrá que establecer mecanismos para “optimizar el tratamiento rehabilitación y reinserción social de personas con adicciones al cannabis psicoactivo, sin estar sujetos a criminalización, ni ser objeto de discriminación”. Pero la realidad es otra, no hay alguna institución ya establecida que pueda lidiar con tal paquete, cuando tenemos tan arraigado el estigma del adicto, si en las propias familias de los adictos se les violenta y aísla por el consumo.
Recordemos que, en México, se han querido echar a andar varias leyes para regular el narcotráfico y consumo de estupefacientes, pero ninguna de ellas ha sido eficaz y al contrario se ha recrudecido la violencia.
@Losirritantes