A diario vemos a niños por las calles trabajando, vendiendo productos o haciendo actividades peligrosas para la edad que tienen.
Se realizó un estudio por parte del ENTI y Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, en él se detalló que “en 2019 había 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes laborando en el país. Pero la pandemia de Covid-19 habría elevado la cifra a más de 3.5 millones”. Y aunque el trabajo infantil es mal visto por la sociedad, la realidad es que muchos niños se desempeñan en actividades económicas que comprometen seriamente su desarrollo, plenitud y pueden poner en riesgo su vida.

En el mismo estudio también se menciona que “el 4.4% de los adolescentes entre 16 y 18 años no se inscribió en el ciclo escolar 2020-2021 porque tenía que trabajar”. Entonces la poca sensibilización de las familias sobre la educación, la falta de interés del gobierno por la educación y la pobreza potencializan la explotación laboral en menores.

En consecuencia, la falta de compromisos políticos firmes por parte del gobierno, la inexistencia de una legislación homogénea o efectiva y la ausencia de políticas sociales con perspectivas de infancia siguen impidiendo la erradicación de la explotación infantil.