Las desapariciones en México han aumentado en los últimos años y pese a que el gobierno tiene conocimiento sobre ello y está dentro de las principales problemáticas que atender en el país, esta no ha podido ser erradicada o deducida.

Tan solo el 26 de noviembre de 2021,el último día de la visita del CED (Comité contra la Desaparición Forzada) a México, habían más de 95 mil personas registradas como oficialmente desaparecidas.

Pese a que en 2017 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición de Personas en México, la ONU se encuentra desconcertada y dio a conocer su opinión a través de la red social Twitter,  hablando sobre la falta de disposición del gobierno mexicano que aún a inicios de 2023 el país no ha logrado combatir este crimen que pone en riesgo a cientos de personas cada día.

También por parte de la misma organización solicita que las autoridades correspondientes asuman este acto con la gravedad que corresponde y no se tome a la ligera. Sin embargo, las fiscalías estatales argumentan que esta ley ha dado frutos, pero las estadísticas demuestran lo contrario, por lo que pone las palabras de las autoridades contra los hechos.

Asimismo, la responsabilidad de las fiscalías estatales carece de conocimiento para como desarrollar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecida y No Localizadas, por esta razón cuando una familia pierde a un familiar busca el acompañamiento de organizaciones externas para garantizar o acercarse a un proceso más funcional.

El Alto Comisionado de ONU-DH aprovechó el espacio para alertar sobre la incompetencia e ineficiencia de la labor que desempeña tanto el gobierno como las autoridades, pues mencionó que actualmente solo son procesados de un 2 a 6 por ciento de los casos de desaparición y se han logrado encontrar menos de 40.

La llamada de atención que hizo la ONU a México sobre esta problemática no es para menos, pues en 2022 la nación cerró con 109 mil personas desaparecidas.

Jonathan Ávila, un especialista en desaparición de personas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en Jalisco, aseguró que durante el proceso de encontrar a las personas se pierden pruebas, indicios y gran parte de las ocasiones son las familias las que los recogen, sin embargo, cuando estás son llevadas a las autoridades correspondiente no los toman en cuenta. También comentó que entre más tiempo tarde un familiar en encontrar a una persona, son menos las posibilidades de hacerlo.