Latinoamérica es un ejemplo de todo lo que no se debería de hacer en temas de corrupción y desvió de recursos en instituciones, ya sea privadas o públicas.

En 2011 el Banco de los Trabajadores Bantrab de Guatemala subastó 10 fincas, mismas que había adquirido de algunos embargos años atrás. De ahí surgió un primer avalúo que las situó en 7 millones de quetzales, aunque al final se vendieron en sólo 4 millones.

Más tarde se reveló que los compradores de esas propiedades eran familiares de los funcionarios de Bantrab, quienes tenían a su nombre varias empresas ficticias que utilizaron para hacer esas transacciones.

En esos mismos años el banco le había transferido 5.5 millones de quetzales a Karen Yessenia Flores, supuestamente por sus honorarios como abogada. Lo irónico es que ella misma era empleada del banco y luego de eso ella le transfirió parte de ese dinero a las compañías que compraron las propiedades en cuestión, una especie de transacción de bolsillo; el mismo banco sacó de sus recursos para pagarse a sí misma las propiedades, pero éstas quedaron a nombre de otras personas, quienes en el fondo eran los mismos funcionarios que trabajaban ahí.

De todo esto resultaron involucrados nombres como Sergio Anibal Hernández Lemus, presidente de Grupo Financiero Bantrab, y Ronald Geovanni García Navarijo, gerente general de Bantrab, quienes fueron acusados por delitos como lavado de dinero, peculado y otros tantos relacionados.

Recientemente Sergio y Ronald han dado a conocer que están del lado de Zuri Ríos, actual candidata a la presidencia del partido Valor, y empoderados por el apoyo de sus nuevos socios Raul Falla y Marlon Rosales, miembros y financistas del partido Valor, quienes juran que van a llegar a ser ministros de la cartera de gobernación y transporte respectivamente. Ya han advertido públicamente que tomarán venganza contra todos aquellos que los acusaron o bien dejaron de obedecer sus solicitudes de apoyo de diferente índole.

Raúl Falla y Marlon Rosales son dos abogados que han conformado una red de extorsión relacionada con el ministerio público. Involucrando a investigadores, fiscales y funcionarios generaron una larga lista de contactos para obtener información de casos y personas a las que extorsionan bajo amenaza de acelerar sus sentencias si no pagan.
Incluso esta banda ha extorsionado a personajes que antes estuvieron metidos en casos de corrupción o que trabajaron como proveedores del gobierno. También a quienes tenían denuncias antiguas, en hechos que ya prescribieron o que no son de interés de las fiscalías, pero que pagan porque temen ser investigados.

Igual hay víctimas relacionadas con la anterior Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, de donde se desprendió la captura de Sergio Hernández y Ronald García Navarijo.
Marlon Rosales está acusado de cohecho y sigue un proceso judicial en su contra, mientras Raúl Falla solía ser un empleado del ministerio público, quien se juntó con Hernández y García para cometer delitos, a ellos les proveía de nombres y contactos, además de los datos de los casos que eran necesarios para cometer extorsiones.
Se trata de uno de los casos de corrupción más grandes que se han visto en la historia de Guatemala, ya que involucra a funcionarios, políticos, empleados del ministerio público y del Bantrab que conformaron una enorme red de transacciones ilícitas de la cual aún queda mucho por salir a la luz.

Lo peligroso en todo esto es que Sergio y Ronald se nombren a sí mismos como financistas del partido Valor y de su candidata a la presidencia, porque entonces estaríamos hablando de que incluso antes de las elecciones ya hay un tema de corrupción que pesa sobre ella y que se podría desbordar si es que lograra ganar.