La organización civil, El Poder del Consumidor (EPC), presentó un análisis de 61 modelos de autos 2017 en sus versiones básicas, para informar a los consumidores cuáles modelos no cuentan con los mínimos estándares de seguridad recomendados.
De acuerdo con el análisis, 37 modelos no cuentan con Sistema de Control de Estabilidad (ESC) y estos son: Nissan Tsuru, Tiida, Versa, Note, Sentra, March y Chasis NP300; GM Spark, Aveo, Sonic y Trax; VW Vento, Jetta, Gol, Crossfox, Polo, Up; Suzuki Swift, Ciaz, Ignis; Toyota Avanza, Yaris y Corolla; Honda Fit y City; Ford Figo y Eco Sport; Dodge Attitude y Vision; Fiat Mobi y Uno; Renault Logan, Sandero y Duster; Hyundai Grand i10; Mitsubishi Mirage; y Peugeot 301.
Estos nueve modelos no cuentan con frenos ABS: Nissan Tsuru, Tiida y March; GM Spark, Aveo; Ford Figo; Dodge Attitude; Hyundai Grand i10 y Mitsubishi Mirage y cuatro de ellos ni siquiera cuentan con bolsas de aire: GM Spark y Aveo, Nissan Tsuru y Hyundai Grand i10 poniendo en grave peligro la vida de las personas que viajan en ellos.
El costo de estas tecnologías para la industria automotriz es de aproximadamente $9,500 pesos (ABS, ESC y bolsas de aire), sin embargo, los consumidores que quieran acceder a estos dispositivos tienen que pagar un sobreprecio, debido a que la industria incluye estas tecnologías con otros dispositivos que están fuera del rango de seguridad.
En México, el problema del mercado automotriz está marcado por un doble estándar de seguridad, fabricando autos seguros para la exportación que va a Norteamérica y Europa y autos con seguridad deficiente, para el consumo interno y algunos países de Latinoamérica.
El coordinador de la campaña de seguridad vehicular de EPC, declaró que casi el 90% de los autos fabricados en México ya cuentan con las especificaciones de seguridad más exigentes a nivel mundial, pero son exportados a los mercados, con una regulación rigurosa, como EE.UU., Canadá y la Unión Europea.
La EPC realizó un llamado a la Secretaría de Economía a que revise la norma NOM-194 (encargada de regular los dispositivos de seguridad), para contemplar los dispositivos que quedaron fuera, designar a los laboratorios independientes con capacidad técnica probada y libres de conflicto de interés, y fortalecer el rol del gobierno al permitírsele solicitar todas las pruebas o certificaciones necesarias a la industria automotriz, de los dispositivos o sistemas de seguridad, con la finalidad de contar con autos más seguros.
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