El presidente salvadoreño, Nayib Bukele. ha declarado la guerra a las pandillas de maras; sin embargo, eso implica bomba de tiempo para una ola de violencia hacia toda la población del país. ¿Atacar a estas organizaciones criminales es la solución? Una pregunta que puede ser incómoda, hasta irritante, pero necesaria.

De acuerdo con El Faro, la negociación entre Bukele y las pandillas se acabó. Es de esperarse que exista una venganza por esta ruptura, cuyos principales afectados serán los ciudadanos en un intento de dar solución simplista a problemas estructurales de violencia. 

El Salvador es el país con la mayor tasa de población carcelaria en el continente con mil 150 personas por cien mil habitantes. Es decir, cerca del 2% de los salvadoreños están privados de su libertad actualmente. Y es que las detenciones, lejos de ser irritantes, son inconstitucionales pues se realizan sin una orden de aprehensión administrativa o judicial.

Bukele ha llamado a estado de excepción desde marzo debido al incremento de violencia y homicidios. Amnistía Internacional presentó un informe con treinta casos de violaciones a los derechos humanos de los presuntos implicados con los maras. Asimismo, carecen de un debido proceso judicial. 

Previamente ya existía un rezago procesal, pues el 35% de los presos se encontraban en prisión preventiva prolongada sin juicio; es decir, en el limbo: No se había determinado aún su situación judicial. Ahora, bajo el estado de excepción, es posible y legal que no se realicen procesos judiciales justos y de presunción de inocencia.

Se estima que se han detenido a 35 mil personas relacionadas con estas células criminales. Esto ha derivado en la duplicación de reos en las cárceles del país. Organizaciones de Derechos Humanos afirman que estas detenciones se han llevado a cabo de forma arbitraria y sin respeto a las garantías individuales de los presos.

¿Qué hay detrás de los supuestos maras? El perfil generalizado corresponde a jóvenes provenientes de comunidades marginalizadas cuyos índices de pobreza son elevados y se encuentran controladas por alguna célula criminal. Son blancos fáciles si poseen tatuajes; tienen familiares en pandillas o si son acusados a través de denuncias anónimas emitidas por vía telefónica o internet. 

Además, se habla de una estigmatización hacia la juventud, pues la narrativa gubernamental ha sido recurrente al afirmar que el 10%  de los jóvenes participa activamente en las pandillas. Sin embargo, se ignora que son individuos cuya situación socioeconómica los hace vulnerables a reclutamientos forzados para evitar la muerte y la de sus familiares. Y, en lugar de protegerlos, se les detiene.

Ahora, se habla de que 23 personas ya fallecieron bajo la custodia del Estado. Este es el principal resultado de lo fallido que resultan estas prácticas, pues ya se han llevado a cabo en administraciones pasadas. Y es que las pandillas no son desarticuladas, sino agrupadas en cárceles, lo cual, es una bomba de tiempo para que estalle la violencia de formas exacerbadas. 

 

Fuentes Consultadas

BBC (2022). “Bukele contra las maras”. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61669393